Unas 159 personas recibieron condena en Chile por ayudar o someterse a un aborto entre 2008 y 2014, de las cuales 31 debieron cumplir prisión efectiva.

Lo reveló la abogada Ana Piquer, directora de la oficina en Chile de Amnistía Internacional (AI), con motivo de la campaña global “Mi cuerpo, mis derechos” que lleva a cabo el organismo humanitario en vísperas del Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina.

Para el organismo, el aborto y los derechos sexuales reproductivos son parte de los derechos humanos fundamentales de la mujer cuyas bases se encuentran en tratados regionales e internacionales que los Estados han suscrito.

Deben estar en la lista junto a otro como derecho a la intimidad, a no ser víctima de discriminación, a no sufrir tratos crueles, inhumanos ni degradantes.

Piquer señaló que Amnistía “no propicia ni defiende el aborto”, sólo aboga por que los Estados asuman su responsabilidad y adopten todas las medidas conducentes a la eliminación de la discriminación contra la mujer.

Para ello, explicó, se insta a los Estados a facilitar a hombres y mujeres la información completa en materia de salud sexual reproductiva, anticoncepción y anticoncepción de emergencia; derogar las leyes que criminalizan a las mujeres que buscan un aborto o a los profesionales que lo practican.

Asimismo, garantizar que cualquier mujer que sufra complicaciones derivadas de un aborto tendrá acceso a los servicios médicos que precise, con independencia de si el aborto se practicó dentro de la legalidad o ilegalmente.

Además, otorgar el acceso a servicios seguros y asequibles a cualquier mujer que quede embarazada a consecuencia de una violación o incesto, o si el embarazo supone un riesgo para su vida o su salud mental y en los casos de anormalidad fetal grave.

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