Como un malabarista en apuros, Barack Obama lidia estos días con tres escándalos simultáneamente sin acabar de controlar ninguno. Cada uno de ellos tiene un origen diferente, naturaleza distinta y variado potencial de riesgo también. Pero la acumulación de los tres amenaza, como mínimo, con desfigurar la presidencia de Obama y pone en peligro su agenda política, además de hacer parecer a todo el Gobierno como un atajo de incompetentes.

En orden temporal, se han ido acumulando: las sospechas sobre el comportamiento de la Administración en el ataque terrorista a Bengasi el año pasado, la revelación de que la agencia recaudadora de impuestos (IRS) había discriminado negativamente a los grupos conservadores y, por último, esta misma semana, el descubrimiento de que el Gobierno había registrado –no escuchado- las llamadas hechas desde teléfonos de la agencia Associated Press.

El episodio de Bengasi, en el que murió el embajador de EE UU en Libia y otros tres norteamericanos, ha sido explotado por la oposición republicana desde hace tiempo –fue debatido durante la última campaña electoral- como un episodio de falta de reacción del Gobierno, especialmente de Hillary Clinton, que era entonces secretaria de Estado, ante una amenaza terrorista. Obama nunca lo admitió así y nunca se ha demostrado que se pudiera haber actuado de manera más eficaz. Pero se han conocido algunas contradicciones entre las agencias de espionaje y el Departamento de Estado que para los republicanos son muestras de que se trató de ocultar la actuación inadecuada de Clinton.

En el espionaje a la agencia AP será difícil hallar nada ilegal, puesto que los números de teléfonos fueron registrados –nunca se pinchó ninguna llamada- con la correspondiente orden judicial ante la preocupación de que algunas informaciones en las que trabajaban los periodistas pudieran poner en peligro a determinadas personas implicadas en la actividad antiterrorista. Más que un escándalo, es una operación que afea la imagen de una Administración que presumía de haber acabado con las tácticas secretistas del anterior Gobierno. Y, sobre todo, es una ocasión para definir más claramente los límites entre la libertad de expresión y la seguridad nacional.

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