Líderes que representan a inmigrantes de El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua se dieron cita en La Pequeña Habana el miércoles para advertir a sus comunidades que posiblemente la administración del presidente Donald Trump decida terminar el programa del Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a 380,700 nacionales de esos países que de otra manera revertirían a su condición de indocumentados sujetos a deportación.

Los activistas comunitarios también anunciaron una serie de medidas que esperan tomar para persuadir al gobierno federal a continuar con el TPS que ha estado en vigor para hondureños y nicaragüenses desde 1998, para salvadoreños desde el 2001 y para haitianos desde el 2010.

“Una de nuestras estrategias es enviar 210,000 tarjetas postales al presidente Trump y al secretario de Seguridad Interna John Kelly solicitándoles que extiendan de nuevo el TPS para los haitianos y centroamericanos”, dijo en conferencia de prensa Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña, Francisco Morazán.

Hay extrema ansiedad entre haitianos y centroamericanos que se benefician del TPS debido a que recientemente Kelly anunció su intención de dar por terminado el programa para los 58,700 haitianos que se han beneficiado de este desde el 2010 cuando un sismo devastó partes de la capital Port-au-Prince.

“Yo estoy muy preocupada”, dijo Rosa Ozeguera que llegó originalmente de Honduras en 1991. “Tengo TPS desde 1998. Tengo dos hijos nacidos en Estados Unidos, y tengo un niño que es autista, y no es posible que a nosotros los hondureños nos quiten el TPS y que vamos a ser deportados. ¿Que va a pasar con mis hijos?”

El TPS es un beneficio migratorio otorgado principalmente a extranjeros que se encuentran en los Estados Unidos de países que sufren alguna crisis, desastre o tragedia que dificulta el regreso de visitantes o indocumentados.

El TPS para los haitianos iba a vencer el 22 de julio, pero Kelly lo extendió por seis meses más en lugar de la extensión normal de 18 meses e indicó que los beneficiados deberían a hacer planes para regresar a su país.

Por ende, los centroamericanos temen que el TPS para 86,000 hondureños, 6,000 nicaragüenses y 230,000 salvadoreños no sea extendido mucho más allá de las fechas de vencimiento actuales. El TPS para hondureños y nicaragüenses vence en enero y en marzo para los salvadoreños.

En la conferencia de prensa, Portillo estuvo acompañado por la líder de la comunidad haitiana Marleine Bastien y un líder de la comunidad nicaragüense, Roger Castaño.

Bastien dijo que las comunidades haitianas y centroamericanas han unido fuerzas para tratar de convencer a Trump y al Congreso en Washington no solo de extender el TPS, sino aprobar una reforma migratoria integral que de estatus legal permanente a los indocumentados.

“En la unión está la fuerza y unidos podemos triunfar”, dijo Bastien.

Portillo dijo también que la próxima semana, cuando vengan a Miami a un evento en la Universidad Internacional de la Florida los presidentes de Honduras y El Salvador, él y otros líderes centroamericanos se reunirán con ellos para solicitar su apoyo en favor de la extensión del TPS.

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