México ha entrado en punto muerto. Tras casi dos años de avanzar por la vía de las reformas, el país que hasta hace poco asombraba al mundo vive días de incertidumbre.

La desaparición y muerte de los 43 normalistas ha abierto una espita de indignación sin precedentes en esta legislatura. Un malestar que, en el simbólico aniversario de la Revolución Mexicana, ha paralizado las más poderosas universidades del país y convocó, tras semanas de protestas, a una manifestación que se espera multitudinaria.

En este convulso horizonte, el presidente, Enrique Peña Nieto, parece haber perdido, por primera vez en su mandato, la iniciativa.
Su principal apuesta económica, la apertura del mercado del petróleo, se ha tropezado con una vertiginosa caída del precio del crudo, y su crédito político se ha visto sometido a fuertes críticas al descubrirse que la casa de su esposa, donde la pareja pensaba retirarse acabado el sexenio, aún estaba siendo pagada a una constructora con numerosos contratos con la Administración.

El intento presidencial de atajar cualquier sospecha ha traído consigo escenas inéditas, como la fulminante anulación, a los tres días de adjudicado, de un concurso ferroviario por valor de 4.800 millones de dólares en el que, entre otros, figuraba como ganador la citada constructora.

O la salida a la palestra, con vídeo incluido, de la propia esposa del presidente, Angélica Rivera, una antigua y conocida actriz de telenovela, para defender, compungida, la limpieza de la operación inmobiliaria y anunciar la venta de sus derechos sobre la casa familiar.

Pero más allá de estas sacudidas palaciegas, las mayores y más profundas turbulencias proceden de la calle, donde las protestas no dejan de sucederse. Carreteras cortadas, sedes de partidos vandalizadas, edificios oficiales quemados y hasta aeropuertos tomados por la fuerza han dibujado en las últimas semanas un preocupante cuadro de tensión, donde grupos radicales que habían permanecido adormecidos están cobrando fuerza, sobre todo, en los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

La ola, con todo, no se detiene en el empobrecido sur. Ni tampoco en los límites de la tragedia de los normalistas. No se trata solo, señalan los expertos, del malestar de unos estudiantes y profesores más o menos radicalizados, ni siquiera de la cólera de unos padres defraudados por la investigación policial.

El caso Iguala, con su venenosa combinación de impunidad y corrupción, ha tocado fibras más profundas y puesto en alerta a las instancias del poder tradicional. Empresarios, líderes de opinión, intelectuales y hasta la Iglesia han alzado la voz por la creciente oscuridad que se cierne sobre el panorama político mexicano.

Los obispos, reunidos en asamblea plenaria, han hablado directamente de “crisis nacional” y pedido una acción urgente del presidente “para recuperar la credibilidad y la confianza social”.

El Banco de México, en una inusual minuta, ha advertido del “deterioro en la confianza de los agentes económicos” por “los recientes acontecimientos”. La patronal, a su vez, ha exigido “mano firme” para frenar la escalada de violencia. Y los grandes partidos, entre ellos el PRD (izquierda), sumido en una devastadora implosión por su apoyo al alcalde de Iguala, admiten sin tapujos que el magma del descontento ha puesto contra las cuerdas su ya escasa credibilidad.

“Es una crisis en la que inciden muchos factores, no se debe a una causa única. La revelación de los detalles del asesinato ha causado un shock nacional. México, de repente, se ha reencontrado con su pasado.

Hay una indignación justificada y difusa que recoge una acumulación de agravios, desde el hartazgo frente a la corrupción hasta el desencanto de muchos votantes que deseaban que el PRI supiera controlar la hemorragia de la violencia. Pero la respuesta social no está articulada y ni siquiera hay líder. Y eso aún permite al presidente dar un golpe de timón”, indica el historiador Enrique Krauze.

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