Elvira Torres, una joven salvadoreña de 17 años, no tuvo más remedio que huir de su país luego de que pandillas criminales en San Salvador (El Salvador) la sentenciaron a muerte por haberse atrevido a denunciar ante las autoridades el acoso al que era sometida en su colegio.

Su familia, de escasos recursos, logró reunir a punta de préstamos los 6.000 dólares que cobraban los ‘coyotes’ para transportarla hasta California (EE. UU.), donde se pondría en contacto con parientes lejanos que aceptaron recibirla.

A comienzos de este año, Elvira fue arrestada cuando cruzaba la frontera cerca de El Paso (Texas). Por tratarse de una menor fue puesta al cuidado de la Oficina para la Atención de Refugiados, que hace parte de la Secretaria para la Salud y los Servicios Humanos de EE. UU., y que la reubicó en un albergue para jóvenes en el estado de Virginia.

Al cabo de unos meses sus parientes la reclamaron, y desde entonces vive con ellos. “Acá las cosas no son fáciles, pero quedarme no era una opción”, dice Elvira, que ahora trabaja como empleada de aseo mientras espera que le resuelvan una solicitud de asilo que tramitó a través de un abogado de beneficencia.

Su caso es muy similar al de miles de niños y jóvenes centroamericanos que, de un tiempo para acá, vienen atravesando en masa la enorme frontera que separa a México de EE. UU. Tan grave es el éxodo que esta semana el presidente Barack Obama catalogó la situación como una “crisis humanitaria”, puso al frente de la misma a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema) –que suele coordinar la respuesta del Gobierno ante desastres naturales–, y le pidió al Congreso aprobar una partida adicional de 1.400 millones de dólares para atender las necesidades básicas de los menores.

A tal punto han llegado las cosas que los albergues ya no dan abasto y se ha tenido que recurrir a bases militares.

De momento, tres de ellas –Fort Sill, en Oklahoma, Lakland, en Texas, y Ventura, en California– ya están recibiendo niños de manera temporal. Pero el influjo es tan masivo que las autoridades ya prevén albergues temporales en tres bases más.

Y es que los números son descomunales. En la década pasada, un promedio de 6.000 menores ingresaba anualmente a EE. UU. de manera ilegal.

Pero desde el 2012 las estadísticas se han disparado. Ese año la cifra pasó a 13.000; luego, a 25.000 en el 2013, y se espera que para este año sean unos 90.000. Es decir, un aumento de más del 1.000 por ciento en menos de 4 años. De ellos, el 95 por ciento tienen países de origen como El Salvador, Honduras y Guatemala.

De acuerdo con expertos, son varias las razones que explican el fenómeno.

Para Elizabeth Kennedy, de la Universidad de San Diego, la causa número uno es la violencia que sacude a estos países. “Los colegios están llenos de pandillas y los barrios, también. Quedarse es el equivalente a esperar su muerte o la de un ser querido. No hay futuro, y de allí que tenga mucho sentido tomar el riesgo de colarse a EE. UU. de manera ilegal”, dice Kennedy, que lleva varios años trabajando con estos jóvenes.

Kevin Appleby, de la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. y autor de un informe reciente sobre al migración en Centroamérica, lo pone en términos aún mas crudos.

“La situación rompe con todos los esquemas de migración en el hemisferio occidental. Es más parecido a los refugiados de África que huyen de guerras civiles. Están escapando, literalmente, para salvar sus vidas”, sostiene Appleby.

Y en eso las estadísticas no mienten. En la última década, de acuerdo con cifras de la ONU, las tasas de homicidio se han triplicado en Honduras y Guatemala. A eso se suman la extrema pobreza que existe en estos países, la promesa del siempre esquivo sueño americano y la gran población de centroamericanos que ya de por sí existe en EE. UU. y que seduce a los que aún están en el país.

Para rematar, existe un problema logístico, que es el que tiene contra las cuerdas a las autoridades americanas. A diferencia de los ilegales mexicanos, a los que se puede deportar de manera casi automática cuando son arrestados cruzando la frontera, con los centroamericanos ese método es imposible, ya que deben ser devueltos a sus países de origen, con los que EE.UU. no tiene frontera terrestre.

Eso obliga a que sean acogidos en el país mientras se resuelve su deportación, que muchas veces se ve interrumpida, pues hondureños y salvadoreños, por ejemplo, gozan de un estatus de protección especial que les decretó el Congreso hace una década y que les permite solicitar visas de trabajo. En el caso de los menores, el tema es aún más complicado, pues deben ser ubicados en centros donde no solo se les proporcionen servicios mínimos, sino educación.

De allí que las autoridades estén optando por entregarlos a sus familiares una vez estos aparecen, pues resulta menos costoso que albergarlos por tiempo indefinido.

El problema, ante la avalancha de refugiados, es que se trata de una bomba de tiempo que nadie –de momento– sabe cómo resolver.

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