La declaración patrimonial de Enrique Peña Nieto, más que aclarar, oscurece. El presidente de México la había presentado semanas atrás para acallar las críticas, luego de que un medio local informara que la mansión de u$s7 millones de su mujer, Angélica Rivera, había sido financiada por el Grupo Higa, una corporación que mantiene licitaciones públicas con el Estado.

De acuerdo con el documento, el mandatario compró en 1982 un inmueble de 560 metros cuadrados por 924 pesos mexicanos de ese entonces, que equivalían a 13 dólares. Con el ajuste por inflación, la casa, de unos 560 metros cuadrados, costaría hoy 572 pesos (unos 39 dólares).

El mes pasado, el Gobierno canceló abruptamente una licitación por 3.750 millones de dólares para un tren de alta velocidad que había sido concedida a un consorcio, en el que participaba Grupo Higa.

El episodio levantó una ola de interrogantes acerca de la ética de la gestión del presidente, que este año logró sacar adelante un paquete de históricas reformas estructurales orientadas a impulsar el crecimiento económico.

Peña Nieto no es el único con irregularidades en su declaración patrimonial. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, declaró obras de arte y una casa, que según el Wall Street Journal habría adquirido a crédito a Grupo Higa, la empresa contratista acusada de beneficiarse de tráfico de influencias en la administración de Peña Nieto.

El titular de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa, es dueño de una flotilla de 109 taxis, además de un Porsche modelo 2008. La oficina de Ochoa dijo más tarde el martes que el automóvil había sido vendido en julio de este año, aunque no pudo precisar el monto de la venta.

También informó que la declaración parece sostener que Ochoa posee tres obras de la artista mexicana Frida Khalo, pero en realidad el funcionario es dueño de una pieza titulada “Tres Fridas”, de un autor anónimo del sureño estado de Oaxaca.

Uno de los más modestos en su patrimonio fue el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, quien declaró un pequeño departamento de apenas 12 metros cuadrados y dos terrenos. Por su parte, el fiscal mexicano Jesús Murillo no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales, algo que le permite la ley.

Fuente: infobae.com

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