El presidente interino de Egipto, Adli Mansur, ha decretado la extensión del estado de emergencia durante dos meses más a causa de la situación de inseguridad que atraviesa el país árabe. Las autoridades adoptaron esta medida el pasado 14 de agosto a raíz del sangriento desalojo de los campamentos levantados por los seguidores del depuesto presidente Morsi, y expiraba el próximo sábado. El gesto se enmarca en una campaña de represión contra los seguidores de los Hermanos Musulmanes desde el pasado 3 de julio, y que se ha saldado ya con el arresto de más de unas 3.000 personas.

Según la legislación egipcia, el estado de emergencia, en vigor en todo Egipto, otorga mayores prerrogativas a los diversos cuerpos de seguridad en la detención de ciudadanos. Además, un total de 14 de las 27 provincias del país se encuentran bajo el toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 de la mañana, con excepción de los viernes, cuando la prohibición de circular por la vía pública se inicia a las 19.00. De momento, no se conoce si también se renovará el toque de queda, impuesto también el 14 de agosto.

“El toque de queda en las 14 provincias será revisado según la situación de la seguridad en cada lugar. Sin embargo, se podría reducir hasta las 5.00 de la madrugada con el inicio del curso escolar, el próximo 21 de septiembre”, declaro una fuente del gobierno al diario oficialista Al Ahram. La medida, junto el arresto de centenares de dirigentes de la Hermandad, ha conseguido reducir de forma significativa las protestas organizadas por los seguidores del ex rais Morsi.

La renovación del estado de emergencia ha aumentado la preocupación de los derechos humanos, que acusan a las autoridades de abusos en su campaña contra los simpatizantes islamistas. En un informe publicado el jueves, Amnistía Internacional denunció que muchos de los ciudadanos arrestados no han tenido el acceso debido a sus abogados y familiares, o no se les ha permitido recurrir legalmente los motivos de su detención.

“La falta de respeto de las autoridades egipcias al proceso legal debido para aquellas personas que han sido arrestadas es una señal preocupante. Todo el mundo debe ser igual ante la ley. Es inaceptable que los partidarios de Morsi o de los Hermanos Musulmanes sean discriminados con un trato injusto por su afiliación política”, ha declarado Philip Luter, director de Oriente Medio de Amnistía Internacional.

Además, la organización de derechos humanos también censura que muchas personas hayan sido arrestadas por el solo hecho de manifestarse. “Todo aquel arrestado simplemente por ejercer su derecho de asociación, reunión o asociación debe ser puesto en liberad inmediatamente”, ha ñadido Luther. Según sus cálculos, se han arrestado unas 3.000 personas desde el golpe de Estado, de las que 600 han sido puestas en libertad.

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