Monseñor Hernán Epalza habla con voz suave, pero lo que tiene para contar hiela la sangre.

Después de todo, Buenaventura se ha convertido en la nueva capital colombiana del horror y él es el obispo de este puerto del Pacífico colombiano.

Esta es la ciudad de “las casas de pique”, donde bandas criminales de origen paramilitar, dedicadas a la extorsión y el narcotráfico, descuartizan vivas a muchas de sus víctimas antes de arrojar los pedazos al agua.

La ciudad donde el silencio de la noche lo rompen los gritos de auxilio de aquellos que están siendo desmembrados.

La ciudad de los desaparecidos: al menos 150 entre enero de 2010 y diciembre del año pasado, según cifras oficiales. Más del doble que cualquier otro municipio colombiano.

Y, como apunta un reciente informe de Human Rigths Watch que da cuenta de estas atrocidades, lo más seguro es que la cifra real sea mucho mayor, pues el miedo hace que muchas desapariciones y otros crímenes no sean denunciados.

“La situación en Buenaventura es una de la más alarmantes que hemos observado en muchos años de trabajo en Colombia y en la región”, dice su director ejecutivo para América Latina, José Miguel Vivanco.

Y conversando con monseñor Epalza uno entiende por qué.

“Nada más hace dos días picaron a una pareja de personas, hombre y mujer”, le cuenta a BBC Mundo.

“Es lo peor: desmembrar a las personas. Y eso no es imaginación, eso es una vergüenza. Esa es la barbarie de hasta donde ha llegado la violencia en Buenaventura”, afirma, indignado.

Cuando conversamos todavía faltan algunos días para que el gobierno anuncie la completa militarización de Buenaventura y lleguen los primeros 700 efectivos militares adicionales de los 2.400 llamados a devolver algo de tranquilidad a la ciudad puerto.

Pero el obispo anticipa la medida y me dice que no cree que ese tipo de decisiones baste para resolver el problema.

“Por un lado está la violencia de los grupos, pero también está la violencia institucionalizada”, explica refiriéndose al olvido estatal evidente en los elevados niveles de pobreza de la ciudad, que en su opinión ayudan a perpetuar el problema.

“La militarización no es la solución. Buenaventura lo que necesita es inversión social”, afirma.

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