Al no querer unirse a la pandilla, Edgar fue golpeado y amenazado de muerte. Sus días estaban contados, así que con 17 años encima decidió huir de Honduras, pero al llegar a México las autoridades le cerraron el paso.

Cuando estaba en el sureño estado de Oaxaca abordó un autobús, agentes de migración lo detuvieron y lo llevaron a una estación oficial, luego le dijeron que podía pedir asilo, pero el proceso tardaría. Finalmente fue deportado a Honduras, donde el infierno de las pandillas lo esperaba y, donde pudo contar esta historia a la organización Human Rights Watch (HRW).

Como Edgar, miles de menores de edad llegan cada año a la frontera sur de México intentando escapar de la muerte, sin embargo, entran a un país donde la ley que apoya a los refugiados no siempre se cumple al pie de la letra, así lo refieren varios informes y expertos en la materia.

La falta de cumplimiento a ley por parte de las autoridades mexicanas, así como la carencia de análisis de cada solicitante, está impidiendo que niños centroamericanos tengan protección en México, dijo Felipe Sánchez Nájera, integrante del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, y quien participó en la creación de un informe preliminar sobre los refugiados en México.

“No sabemos si es de manera intencional, porque tendríamos que evaluar las acciones de cada persona (funcionario), sin embargo, sí podemos apreciar que estos niños están siendo deportados sin que haya una evaluación de su situación personal”, aseguró Sánchez.

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