Google tiene tres meses para adaptarse a las normas en materia de protección de datos en países europeos, así lo dieron a conocer las autoridades francesas en una acción conjunta con otros estados del viejo continente.

La Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) precisó que el emplazamiento a la empresa tecnológica es el resultado del análisis de las reglas de confidencialidad del buscador hecho por las autoridades de Alemania, España, Italia, Holanda y Reino Unido, además de Francia.

El análisis de la CNIL confirma la incompatibilidad de las normas de Google con la ley francesa y que conducen a que el usuario no tenga la posibilidad de conocer qué empleo se hace de sus datos.

Google tendrá que definir sus intenciones de manera explícita con el fin de que los usuarios puedan saber en concreto el trato que podrán tener sus datos personales. La empresa estadounidense habrá de precisar durante cuánto tiempo conservará esos datos.

Tampoco podrá, sin base legal, proceder a una combinación potencialmente ilimitada de esa información ni obtenerlos de usuarios pasivos, sobre todo en los casos de las “cookies” denominadas “doubleclick” , “analytics” las teclas “+1” y cualquier otro servicio de Google en la página visitada.

El Gigante de Mountain View asegura que esta nueva política, implantada en marzo de 2012, está pensada para mejorar los servicios de los usuarios. Pero el movimiento parece estar orientado principalmente a elaborar un perfil más amplio que pueda ser útil para los anunciantes.

“El objeto de este emplazamiento no es el de reemplazar a Google para establecer las medidas concretas que se deben aplicar, sino hacer que sea conforme a los principios de la ley sin impedir ni su modelo económico ni su capacidad de innovación”, explicó la CNIL en un comunicado.

En caso de que la firma no se adapte a la ley francesa en tres meses, la CNIL advirtió de que el órgano habilitado para ello podrá decidir sanciones contra el buscador.

EN CONTEXTO

El pasado octubre, 27 autoridades nacionales de protección de datos recomendaron a la empresa que adoptara cambios, para estar en línea con la legislación europea. Google se negó, alegando que ya cumplía con la normativa comunitaria.

Tras ello, en abril seis autoridades nacionales -entre ellas la de España- abrieron una investigación sobre las prácticas del gigante de Internet.

La máxima sanción que la autoridad francesa podría imponer es de 150 mil euros, poco significativa para la empresa. Sin embargo, la cifra podría aumentar si otros países europeos deciden seguir el ejemplo de Francia.

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