Este lunes es un día histórico para Honduras, ya que el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, sancionará la nueva Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y de la Policía Nacional de Honduras.

Esta ley, que es producto de una intensa lucha del presidente Hernández para adecentar la institución policial, fue aprobada por los diputados del Congreso Nacional el 30 de mayo de 2017.

Esta ley se aprobó un año después de que el mandatario también aprobara, el 8 de abril de 2016, un decreto de emergencia para la depuración de la Policía Nacional, proceso que inició desde las escalas más altas y que en poco más de un año permitió la depuración de más de 3,000 miembros.

A menos de 60 días de haber asumido el poder de la nación, el presidente Hernández impulsó la aprobación de la Ley General para la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza, acto que finalmente se logró el 6 de marzo de 2014, pese a la oposición de diversos sectores que se sintieron afectados.

Estas evaluaciones de confianza permitían aplicar las pruebas de polígrafo, patrimoniales y psicológicas, entre otras, a todos los operadores de justicia, es decir, a policías, militares, jueces y fiscales.

Además de la nueva Ley Orgánica de la Policía, también será sancionada la Ley de la Carrera Policial.

Ambas leyes constituyen la coronación de un largo proceso que se ha impulsado para modernizar la Policía Nacional de Honduras, sumida en una profunda crisis debido a la infiltración del crimen organizado.

El proceso de depuración no ha sido fácil; sin embargo, por decisión del presidente Hernández, las labores de seguridad ciudadana se depositaron en otras agencias de seguridad como la Policía Militar de Orden Público (PMOP), a efecto de dar el espacio suficiente para que la Policía Nacional recuperara su credibilidad.

Uno de los pasos más importantes fue el nombramiento de una Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras integrada por actores de la sociedad civil. La responsabilidad recayó en el ministro de Seguridad, Julián Pacheco; el pastor Alberto Solórzano, la abogada Vilma Morales y Omar Rivera, de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).

Rivera ha indicado que la ciudadanía clamaba por un cambio radical en la Policía Nacional, que implicara un profundo proceso de “depuración, reforma y fortalecimiento” de las diferentes unidades y organismos de la institución.

“El cumplimiento efectivo de esta legislación dependerá de la renovación del liderazgo del alto mando de la entidad y de una permanente veeduría ciudadana”, dijo Rivera.

Objetivos

Mediante estas leyes se fortalecerán los diferentes organismos policiales, se le dará sostenibilidad a la nueva estructura organizacional de la entidad, se propiciará una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y se establecerá el régimen disciplinario adecuado.

Además, mediante la ley de la carrera policial se formalizarán procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos.

Asimismo, Rivera ha reconocido que mediante esta legislación se respetarán y exigirán los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional.

La depuración de la Policía Nacional y de todos los entes del sector justicia ha sido una premisa del presidente Hernández desde que dirigía el Congreso Nacional y desde su primer día al frente del poder de la nación.

El 27 de enero de 2014, desde el Estadio Nacional, el presidente Hernández dijo: “De inmediato se acelerará la depuración, certificación y fortalecimiento de todos los operadores de justicia: Policía, Ministerio Público y jueces”.

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