Tegucigalpa.“Te llamamos del barrio 18 y necesitamos que te pongás firme con nosotros”, decía con voz afónica e intimidante al otro lado del teléfono.

Con sus manos temblorosas y sudando helado, “Carlos” (se omite su identidad real por razones de seguridad, respondió: “si hermano, nosotros les vamos a colaborar pero bájenos la renta, no tenemos tanto pisto”.

Carlos y sus compañeros se miraban atónitos unos a otros, mientras prestaban atención al celular que tenía activado el altavoz.

“Si nos ayudan, no los vamos a tocar, pero si se niegan va correr sangre”, se escucha decir al pandillero.

“No hermano, no diga eso, les vamos a colaborar pero por favor bájenos la cuota, mire que la ruta está mala porque hay muchas colas y es más el combustible que gastamos”.

“Dejá de llorar”, repite una y otra vez el pandillero, para luego advertirle: “ya sabemos cuántos taxis tienen en el punto y que pueden pagar, dejá de llorar”.

“No es eso hermano, la ruta está mala”, le decía el transportista. Un agente de la FNA que los asesora observa que a Carlos le tiemblan las manos y que se seca el sudor de la frente una y otra vez. Por momentos, cree que se va a estallar en llanto.

“¡Y es que no entienden que no!.. Quieren que corra sangre, sino se ponen firmen vamos a agarrar a uno de ustedes y van a ver que no estamos jugando!, respondió el pandilleros.

Los taxistas se ven unos a otros. Carlos recuerda que el domingo tienen partido en el campo y le dice al agente: “esta gente no bromea compa”.

El agente le pide calma, la entrega de los 15,000 lempiras se hará pero de forma controlada.

Lo exigido
Esta historia, extraída de los audios obtenidos en San Pedro Sula, es la que por mucho tiempo han vivido centenares de taxistas, conductores de buses o de carros repartidores y dueños de pulperías.

En muchos casos, el brazo de la ley solo alcanzaba al delincuente si cobraba el dinero de las extorsiones, pero a partir de las reformas penales impulsadas por el presidente Juan Orlando Hernández y aprobadas por el Congreso Nacional, ahora solo se requiere de la amenaza para tipificarse el delito de extorsión.

Los mensajes, a través de llamadas, mensajitos, correos, notas extorsivas, son prueba suficiente para que los órganos de seguridad y justicia actúen de oficio.

Con métodos de intimidación similares operaban tres integrantes de la pandilla 18 detenidos este martes 8 de marzo de 2017 en la aldea de Mateo, Distrito Central departamento de Francisco Morazán.

Los detenidos fueron identificados como Barcedony Lanza Flores (29), Cristian Yovani Almendárez Pérez (19) y Duvan Enrique Sierra Ortiz (19), detenidos por extorsión e investigados por otros delitos.

Al momento de la captura a los sujetos se les decomisó una libreta en la cual tenían el listado de 25 puntos de taxis y buses rapiditos a los cuales les cobraban extorsión.

Los antisociales exigían a los transportistas pagos que oscilan entre los 5,000 y 20,000 lempiras semanalmente y dos notas extorsivas en la que indican el número telefónico del cual los llamarán para informarles cuánto deben pagar.

A los detenidos también se les decomisó tres teléfonos celulares de los cuales cometían las extorsiones y dinero en efectivo.

Juzgados sin testigos
Los tres pandilleros serán juzgados conforme a las reformas penales o Ley de Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, sancionada por el presidente Hernández el 27 de febrero y aprobadas por el Congreso Nacional el 22 del mismo mes.

A éstos se les juzgará de oficio, ya que con la evidencia que se les decomisó, las autoridades no necesitan presentar la declaración de un testigo para lograr una sentencia condenatoria.

Con las reformas penales se garantiza el proceso judicial y condena en contra de los extorsionadores debido a que los testigos deberán declarar una sola vez, ya que su declaración será tomada como prueba anticipada.

De esta manera el Estado evita la re victimización del testigo que antes debía declarar en cada etapa del proceso judicial hasta llegar a juicio oral y público, mientras que ahora lo harán una sola vez.

 

Datos importantes
El artículo 222 del Código Penal establece una condena de 15 a 20 años para las personas que cometan el delito de extorsión.

Un total de 36 extorsionadores han sido capturados después de las reformas penales, por lo cual se les aplicaran las mismas en su proceso judicial.

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